Industriales exige mayor fiscalización del contrato de LUMA

Insisten en incluir al sector privado y los consumidores en un proceso transparente de reevaluación de los contratos públicos privados, además de la revisión de tarifas de luz y agua. 

La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) abogó por que se fiscalice de forma efectiva a Luma Energy, las Alianzas Público-Privadas (P3 por sus siglas en inglés) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en el cumplimiento de sus principales responsabilidades con la modernización y privatización de la transmisión, distribución, y de la generación de energía eléctrica en Puerto Rico.  

“El nombramiento de Francisco Berríos, designado a liderar la nueva Secretaría Auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos, y las llamadas a que el Negociado de Energía investigue el cumplimiento de LUMA, deben llevarnos a pasos conducentes para que entre el gobernador y el sector privado se consigan rápidos consensos, se logre el mejor uso de fondos federales, reducir los costos de la factura de luz y los constantes apagones que estamos sufriendo a diario”, indicó el presidente de la Asociación, Eric Santiago Justiniano.   

“No podemos aceptar más excusas que toman 10 años para reconstruir la red, tampoco que LUMA goce de inmunidad por sus acciones u omisiones, ni que sean ellos los que dicten cuáles métricas se miden y cómo”, añadió también la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación, Yandia Pérez.     

“En varias ocasiones le hemos dicho al gobierno la importancia de unir esfuerzos con el sector privado y colaborar con transparencia, como se hizo con el fondo de Energía Verde y los fondos ARRA para eficiencia energética y energía distribuida privada. Necesitamos respuesta del gobierno con urgencia y que, con el nombramiento de Berrios, a quien le toca coordinar entre agencias, podamos lograrlo”, agregó Pérez.   

Según la Asociación, un sistema eléctrico con generación esencial confiable y económicamente eficiente a nivel de su distribución es posible y necesario para el 2025, según dictan los mandatos de la Ley 17.   

“Esperamos que Berríos active la capacidad de los planes locales de programas con fondos federales establecidos por la Ley 17, hasta ahora incumplidos, de eficiencia y energía distribuida, en el interés del consumidor para bajar costos y aumentar resiliencia en hogares y negocios”, reafirmó el presidente quién también mencionó que, en abril de 2021 la AIPR hizo una ponencia para la Comisión de Asuntos de Energía de la Cámara, relacionada al contrato de LUMA, con reclamos para participación ciudadana, métricas y calendario de ejecución en la transición a una privatización transparente.  

El presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz, declaró públicamente que LUMA Energy no ha cumplido en mejorar métricas sobre la confiabilidad del sistema eléctrico, y que no hay buena ejecución ni de LUMA ni la AEE en colaborar con procesos del Negociado para adelantar la entrada de una nueva generación de energías renovables menos costosa.  

“Para lograr resultados, que no hemos visto con las P3 en la AAA ni en la AEE, serán necesarias enmiendas a la ley orgánica de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, y en la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, puntualizó Santiago.   

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Wilnelia Dávila, Lic. R-150

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